1ª) Configuración del problema (1975-85). Engloba el período comprendido entre la expansión masiva de drogas ilegales en nuestro país y la aprobación del Plan Nacional sobre Drogas. Aunque no conviene olvidar que algunos años antes, a finales de los sesenta, se había producido un incremento importante de los consumos de alcohol que tendrá graves consecuencias posteriores. Sin embargo, y sin lugar a dudas, se trata de una etapa caracterizada por la expansión de la heroína y la importante demanda asistencial que generó su consumo en la primera mitad de los ochenta.

Puede afirmarse que este fenómeno sorprendió a la sociedad española que, durante algunos años, permaneció inerme ante un problema que se iba extendiendo y consolidando en un contexto sociocultural muy delicado como fue nuestro proceso de transición democrática. De hecho, en las motivaciones de muchos consumidores de opiáceos subyacían actitudes de carácter contracultural e ideológico relacionadas con un fenómeno de la época denominado "pasotismo", expresión que recogía muy gráficamente determinadas posiciones de desencanto, insatisfacción y un cierto nihilismo en determinados sectores juveniles.

La respuesta institucional en este período fue mínima. En su comienzo, los únicos servicios existentes eran los Dispensarios Antialcohólicos que tuvieron un cierto valor como referentes de los posteriores centros de tratamiento ambulatorio sobre drogas. El hecho más relevante, por lo que representaba de novedoso, fue la aprobación del Decreto 3032/1978 de 15 de diciembre sobre la creación de una Comisión Interministerial para el estudio de los problemas derivados del consumo de drogas.

Pero la oferta asistencial a los afectados que demandaban ayuda -de modo angustioso en ocasiones- era muy escasa. Los primeros recursos recursos existentes procedieron de la iniciativa social -ligada en muchos casos a las asociaciones de familiares- que ya comenzaba a organizarse. Posteriormente, surgieron los primeros programas locales, promovidos por algunos grandes ayuntamientos, diputaciones y las propias Comunidades Autónomas. La mayoría de estos recursos fueron al comienzo las denominadas "granjas", que eran comunidades terapéuticas concebidas como dispositivos terapéuticos únicos, autosuficientes y situados en el medio rural, es decir, aislados de la realidad cotidiana de los drogodependientes. Sin embargo, en algunas grandes ciudades comienzan también a surgir los centros ambulatorios.

Un dato relevante para los psicólogos es la puesta en marcha de los primeros programas de formación de profesionales. Concretamente, ya en 1984, la Delegación de Madrid obtiene financiación de la Dirección General de Acción Social para formar a psicólogos en materia de drogodependencias.

2ª) Articulación de la respuesta institucional (1985-1990). Con toda seguridad, el acontecimiento más trascendente en materia de drogas en nuestro país lo constituye la aprobación del Plan Nacional sobre Drogas el 24 de julio de 1985. Esto significó básicamente la existencia de un plan global de intervención frente a las drogas articulado desde un consenso institucional, social y político y donde confluyen todas las Administraciones Públicas del Estado. Las consecuencias prácticas no se hicieron esperar: se establecen dotaciones presupuestarias específicamente dedicadas a la atención a los problemas de las drogas; se crea la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como órgano dotado de las competencias necesarias para desarrollar los acuerdos del Grupo Interministerial y comienza la puesta en marcha de unas estructuras efectivas de coordinación y planificación autonómica, los denominados Planes Autonómicos sobre Drogas.

Estos cinco años representan una absoluta convulsión para las políticas de drogas en nuestro país. La creación de los planes sobre drogas conllevan la creación de un modelo de respuesta institucional basada en la coordinación de políticas globales que articulan redes de atención amplias, diversificadas y profesionalizadas; potencian un entramado de asociaciones sociales y posibilitan una gran incorporación de profesionales de muy diferentes disciplinas. Quizás el hecho más destacado sea la eclosión de centros asistenciales, mayoritariamente ambulatorios -en 1990 existían ya 403- y comunidades terapéuticas -había 120 en ese mismo año- (Memoria PNSD, 1990). Más limitados eran los programas de reinserción social y de prevención primaria. Estos últimos, a excepción de algunos programas bien planificados y evaluados, adolecían de importantes déficits conceptuales y metodológicos. Sin embargo, sí se llevan a cabo un gran número de experiencias y se elaboran cuantiosos materiales.

Para los psicólogos significó una ocasión excepcional de promoción de empleo y una oportunidad de aplicar en numerosos ámbitos - clínico, planificación, gestión, prevención...- sus aportaciones profesionales pues, la inmensa mayoría de los servicios asistenciales incorporaron esta figura entre los componentes de su equipo interdisciplinar.

Como dato anecdótico, en 1986 aparece el primer monográfico sobre drogas en la revista "Papeles del Colegio. Psicólogos" con el título: "El psicólogo ante un nuevo reto social: las drogodependencias".

3ª) La década de los grandes cambios (1990-1999). Durante estos diez años el fenómeno de las drogas sufre sus mayores transformaciones. No sólo en los consumos más frecuentes sino también en su conceptualización y en la naturaleza de las políticas adoptadas por la Administración Pública. Los noventa configuran un escenario más diverso y, sin duda, más complejo que el existente en la década anterior.

En primer lugar, el cambio más notable lo representa la estabilización y posterior descenso del consumo de heroína. Hasta ahora había sido la droga emblemática hacia la que se habían dirigido la mayoría de los esfuerzos. Esto era así porque todos los indicadores que se manejaban - mortalidad, admisiones a tratamiento por esta sustancia, casos de sida en usuarios de droga por vía parenteral (UDVP)...- se habían ido manteniendo en una línea ascendente durante la etapa anterior. A ello se unía las graves consecuencias sanitarias y la extraordinaria alarma social que conllevaron estos consumos.

Sin embargo, nada más comenzar los noventa aparecen los primeros signos esperanzadores: la evolución de las muertes por reacción aguda tras el consumo de opiáceos alcanza su máximo nivel en 1991 con un total de 813 casos, a partir de aquí se inicia una tendencia descendente que aún se mantiene; las admisiones a tratamiento por estas sustancias se estabilizan a partir de 1992 y comienzan su descenso a partir de 1996; los casos de sida en UDVP, que habían estado creciendo muy rápidamente desde 1982 -año en que se realiza el primer diagnóstico en esta población- hasta 1994 en que se alcanza la cifra de 4.526, comienzan también a decrecer de forma significativa.

A pesar de todo ello, la antigüedad en el consumo de muchos UDVP con el consiguiente deterioro personal y numerosas enfermedades asociadas -sida, hepatitis, tuberculosis...- y la incapacidad de las redes creadas para captar a un número importante de adictos, justifica sobradamente los notables cambios producidos en cuanto al enfoque asistencial. Así surge el gran desarrollo de los programas y recursos de Reducción de Daños y Riesgos (metadona, LAAM, intercambio de jeringuillas, centros de emergencia, participación de las oficinas de farmacia, unidades móviles...). El impulso sufrido por estos programas ha sido realmente vertiginoso, aunque, entre ellos, el más evidente es el crecimiento de los Programas de Tratamiento con Metadona que pasan de 2.267 usuarios en 1990 a 28.806 en 1995 y alcanzan la cifra de 72.236 registrados en 1999 (Figura 1). Estos hechos, sin embargo, acarrearon durante años problemas de integración en las redes asistenciales, no sólo por la naturaleza de los distintos tipos de programas -libres de drogas y reducción de daños- sino también de los distintos modos de percibir y valorar las prioridades en la intervención terapéutica. Aún hoy, que los programas de Reducción de Daños gozan de una aceptación prácticamente unánime, persisten diferencias conceptuales y operativas.

No obstante, los cambios más profundos en esta década tienen que ver con lo que se ha venido en denominar las nuevas drogas y los nuevos patrones de consumo, lo que muchos autores han valorado como un auténtico cambio de ciclo en las crisis de drogas. Entre las primeras, adquirieron gran relevancia las llamadas drogas de síntesis, que tuvieron una gran expansión en un corto espacio de tiempo - los decomisos pasaron de 22.165 pastillas de éxtasis en 1991 a 739.511 en 1995-. Pero, lo más peculiar de estas sustancias - junto a otras más conocidas como la cocaína o tan tradicionales como el alcohol- es la forma en que son consumidas por determinados sectores juveniles. Se trata de consumos de fin de semana, fuera del ámbito familiar, en espacios o locales públicos y con la casi única motivación de divertirse. En el caso concreto del alcohol existe con frecuencia una búsqueda intencionada de la embriaguez, con cambios en los horarios de salida de los jóvenes y consumos en la vía pública, características que contribuyen a amplificar el fenómeno.

Un aspecto que conviene resaltar es que estos consumos no encierran generalmente posiciones contraculturales o comportamientos marginales como sucedía en el modelo anterior. Comenzábamos a enfrentarnos a nuevas modas, nuevas formas de estar en sociedad, que afectan a grupos importantes de jóvenes relativamente normalizados en otras esferas de la vida (Calafat et al, 2000). Ante esto, las viejas estrategias resultan a todas luces insuficientes. De aquí que, en la segunda parte de la década, comience a hablarse con insistencia de la prevención, de la necesaria implicación de la familia, de la generación de alternativas de ocio, de la aplicación de nuevos métodos terapéuticos, en suma, en una adaptación mediante nuevas políticas a los nuevos diagnósticos. De aquí surge la necesidad de definir una nueva política nacional: la Estrategia Nacional sobre Drogas.

En cualquier caso, es importante destacar que los esfuerzos desplegados en estos años han creado unas bases sólidas capaces de posibilitar un proceso de generalización de la prevención. Al final de este período se están aplicando un importante número de programas bien sistematizados y evaluables y se han producido algunos hechos claves para permitir este desarrollo: a) la introducción en 1990 de la "Educación para la Salud" como asignatura transversal en la educación primaria y secundaria, b) la aprobación por la Comisión Interautonómica en 1996 de los "Criterios básicos de intervención en los programas de prevención de drogodependencias" y c) la publicación de importantes documentos teóricos e instrumentales para facilitar la implantación de programas de prevención.

4ª) La Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008. La Estrategia comienza afirmando que, "el Plan Nacional sobre Drogas, fruto del consenso y la voluntad política en 1985, tras casi 15 años de vigencia y permanente actualización, necesita adecuarse a la realidad actual del fenómeno de las drogas así como adelantarse a previsibles cambios en el fenómeno de las drogodependencias. Por ello se ha planteado la necesidad de redefinir el Plan Nacional sobre Drogas adaptándolo a un nuevo modelo coherente con la realidad de los consumos de drogas y sus consecuencias" (Plan Nacional Sobre Drogas, 2000). De aquí que este documento represente en la práctica un nuevo plan que, entre otros muchos objetivos, reúne los de lograr:

- La media de edad era joven: La edad de la mayoría de los profesionales (73,9%) oscilaba entre los 26 y los 35 años.

- Los años de experiencia profesional en psicología eran, consiguientemente, limitados: el 57,2% tenía entre 2 y 7 años mientras que el 28,9% sólo tenía entre 2 y 4 años. Si se cruzan estos datos con los años de experiencia laboral en drogodependencias es fácil concluir que un gran número de ellos habían desarrollado toda su vida profesional en este ámbito.

- En los equipos interdisciplinares, el papel del psicólogo era el más representado (90,6%), seguido de los trabajadores sociales (76,1%) y de los médicos (71,3%).

- De igual modo, la dirección o coordinación de los equipos correspondía en primer lugar a psicólogos (53,5%) y, a continuación, a médicos (21,3%).

- Aunque la mayoría de la actividad de los psicólogos era asistencial (72,8%), un porcentaje significativo realizaba tareas de planificación (32,2%) y de gestión (31,9%).

- Finalmente, un aspecto importante es el que hace referencia a la formación. Partiendo del hecho de que el currículum académico no contempla una formación específica en este campo, llama la atención el que un 79% declararan haber asistido a jornadas y congresos sobre este tema, pero que, de todos ellos sólo hubieran participado un 51,5% en otro tipo de formación (cursos, masters, etc.). Exclusivamente un 12% reconocía haber asistido a cursos o masters de 300 horas o más. Esto llevaba a que únicamente un 2,8% atribuyera su capacitación profesional a la formación, frente a un 47,1% que lo hace a la experiencia y un 46,8% a ambas.

Hay que tener en cuenta la antigüedad de estos datos y partir de la sustancial mejora de algunos de estos parámetros, sobre todo por algunos esfuerzos notables en formación como el impulsado por el Colegio Oficial de Psicólogos durante estos años. Sin embargo, parece justificado extraer algunas conclusiones sobre lo que ha significado la incorporación de los psicólogos al ámbito de las drogodependencias:

- En primer lugar, cabe afirmar, como hemos hecho a lo largo de este documento, que la intervención en drogodependencias ha representado durante muchos años un auténtico yacimiento de empleo para muchos profesionales de la psicología. La mayor parte de este ejercicio profesional se ha llevado a cabo en el área de la clínica donde se ha acumulado un innegable bagaje de experiencia y conocimientos.

- De igual modo, este ámbito les ha permitido a los profesionales de la psicología trabajar en equipos interdisciplinares y desarrollar una serie de tareas que no solían desempeñar en este tipo de servicios sociosanitarios -planificación, gestión, coordinación...- No obstante, algunas de las aportaciones más interesantes las han realizado los psicólogos en el campo de la prevención, situándoles entre los profesionales pioneros en la aplicación de estos programas.

- Sin embargo, pueden haber sido la incorporación temprana al puesto de trabajo y la escasez de conocimientos sistematizados sobre este tema las que hayan provocado unos claros déficits en el aspecto formativo que, en parte, continúan arrastrándose.

- Tal vez estos déficits, unidos a la presión asistencial de estos años, estén en la base de la escasa relación existente entre el gran volumen de actividad desarrollada y la poca transferencia de tecnología: no abundan los encuentros profesionales sobre áreas específicas de la intervención psicológica en drogodependencias ni las publicaciones científicas o profesionales. De igual modo, existe muy poca producción conjunta del mundo de los teóricos e investigadores y el campo de la aplicación práctica.

- De la misma forma, el ámbito de las drogodependencias en general y el de la intervención psicológica en particular, han adolecido de una cierta endogamia. Esto ha sido así durante años y se ha evidenciado muy específicamente en el modo de afrontar el tratamiento de los adictos a opiáceos. Algunos profesionales se han acercado al tema como si se tratara de aprender un arte para iniciados, es decir, algo relativamente ajeno a la práctica profesional convencional de un psicólogo. Lo que ha redundado, en ocasiones, en estilos de intervención rígidos, herméticos y escasamente contrastados.

- Todo ello, unido a las nuevas exigencias de las demandas asistenciales y a los avances producidos en el campo de la prevención, ha llevado a muchos psicólogos que trabajan en drogodependencias a abrir un debate en profundidad sobre las numerosas posibilidades que ofrece la psicología ante un fenómeno cada vez más diverso y complejo (Matellanes y Sastre, 1999). Algunas de estas cuestiones clave se recogen a continuación en las nuevas perspectivas de intervención.

1ª) En el campo de la prevención existen evidencias científicas que justifican la relevancia del papel del psicólogo en todas sus fases de implementación: la necesidad de anticipar las edades de inicio de los destinatarios de los programas nos remite a la exigencia de un conocimiento en profundidad del desarrollo evolutivo; del mismo modo, la constatación de que la adolescencia constituye una edad crítica y especialmente vulnerable en el inicio de los consumos de drogas; la importancia de la familia y el grupo de iguales en el proceso de socialización y, en consecuencia, sobre las conductas desviadas como el uso inadecuado de drogas; la confirmación de que "los programas preventivos más eficaces son aquellos que entrenan al adolescente en habilidades que le permitan afrontar adecuadamente su vida cotidiana, entre la que se encuentra su relación con las drogas" (Becoña, 1999). Todas ellas son cuestiones que inciden directamente en el bagaje de conocimientos, técnicas e instrumentos de la psicología, por lo que le otorgan un función insustituible.

2ª) Los nuevos perfiles de consumidores contribuyen a ampliar sustancialmente las perspectivas del tratamiento psicológico y a abrir nuevas líneas de trabajo: en el caso de las demandas de tratamiento emergentes como las que plantean los adictos a la cocaína, la agencia nacional norteamericana de investigación en drogas (NIDA, 1998) propugna la utilización de terapia cognitiva-conductual como la más indicada; las demandas generadas por menores que comienzan a experimentar con drogas o por consumidores de drogas recreativas exigen ante todo un abordaje de la problemática ligada a la adolescencia y un trabajo simultáneo con la familia; pero, incluso en el caso de los Programas de Reducción de Daños, se están desarrollando ya programas muy eficaces de modificación de prácticas de riesgo para la transmisión de enfermedades asociadas entre consumidores de drogas, impulsados por psicólogos (Insúa, 1999). Por lo tanto, tanto los nuevos demandantes de tratamiento como los drogodependientes más deficitarios, precisan de una intervención psicológica específica. En el caso de estos últimos se ha dado un paso importante con la dispensación de sustitutivos opiáceos pero a nadie se le escapa la urgencia de elevar la calidad de estos tratamientos con otras ofertas, especialmente en las esferas del apoyo psicológico y de la educación para la salud.

3ª) Uno de los mayores esfuerzos deberían dirigirse a impulsar la investigación en todas las áreas de intervención pero, especialmente, en los aspectos donde existen más potencialidades para los psicólogos. Un ejemplo en este sentido es la investigación sobre el papel de la familia en la prevención de drogodependencias que está realizando el Colegio Oficial de Psicólogos en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas. La próxima creación del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas contribuirá a abrir nuevos cauces en este sentido.

4ª) Igualmente, el ordenamiento de las acciones de formación en drogodependencias que propone la Estrategia Nacional deben de representar una oportunidad de desarrollo para los profesionales de la psicología. Tanto en lo que se refiere a la formación de pregrado, donde debería integrarse la formación en drogodependencias en el currículum académico, como en la formación de posgrado para facilitar el reciclaje y la actualización de los profesionales que intervienen en el sector.

5ª) Finalmente, en coherencia con todo lo anterior se sitúa la necesidad de promover la transferencia de evaluaciones, metodologías e intervenciones en varias direcciones de modo simultáneo: de la investigación hacia la aplicación práctica; entre los psicólogos de la intervención en drogodependencias y el resto de los perfiles profesionales, y entre los profesionales de la psicología y otros profesionales que intervienen en el ámbito de las drogodependencias.