Papeles del Psicólogo, 1992. Vol. (54).

Adolfo Hernández Gordillo

Decano. Junta de Gobierno.

A finales de julio, el Gobierno nos remitió a los Colegios Profesionales un «Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones», elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, y un Anteproyecto de Ley de las Normas Reguladoras de los Colegios Profesionales, dándonos un plazo hasta finales de agosto para remitir un informe al respecto (como es sabido, en España el mes de agosto es un mes propicio para celebrar debates y reuniones de trabajo).

Lo primero que choca es que la modificación de la Ley de Colegios, un tema político evidentemente, que debería haber sido promovida por Ministerios políticos, tales como Administración Pública o Relaciones con las Cortes, ha sido presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

De hecho, el denominado Tribunal de Defensa de la Competencia no es tal Tribunal, sino un organismo que elabora dictámenes e informes, bajo la dependencia de Economía.

Y esto es así, porque el Gobierno ha elegido el enfoque de la libre competencia, para abordar la reforma de la Ley de Colegios, desde el supuesto que los Colegios al limitar o restringir la libre competencia de las profesiones tituladas, influyen negativamente en la inflación.

Es decir, se ha elegido un enfoque económico para atacar y vaciar de contenido a los Colegios, y con una argumentación vendible ante la opinión pública.

A pesar de todo, este planteamiento es más suave que el borrador de Proyecto de Ley que puso en circulación el Gobierno en 1984, y que pretendía que los Colegios actuaran como inspectores fiscales y controladores de sus colegiados.

Más aún, el Gobierno no se ha atrevido a tocar el aspecto nuclear de la Ley de Colegios actualmente vigente: la colegiación obligatoria.

Verdaderamente, el Proyecto de Ley nos afecta muy poco. La 'mayor parte de los cambios (que basta estar inscrito en un solo colegio -por ejemplo, provincial o autonómico- para que el ejercicio sea posible a nivel nacional; que no se impongan límites a la libertad de asociación para el ejercicio profesional; que en el caso de existir visado este no incluya honorarios, etc.), no nos afectan.

El único punto que si nos obliga a modificar los Estatutos es el que se refiere a que no se podrán fijar honorarios mínimos. Verdaderamente en la corta historia del Colegio, no se puede decir que se hayan fijado a nivel colegial honorarios mínimos que se haya perseguido o sancionado a nadie por incumplirlos, por lo que es un cambio que no modifica significativamente ninguna práctica real consolidada.

Claro está que el que nos afecte poco a nosotros, que somos uno de los Colegios más recientes (31-XII-79), no quiere decir que sí afecte gravemente a otros (arquitectos, ingenieros, abogados, etc.), y que la finalidad del cambio de la Ley no es potenciar a los Colegios, sino Debilitarlos y vaciarlos de contenido.

Como es sabido, la junta de Gobierno presentó al Ministerio de Educación los Estatutos en abril de 1982, estando aún UCD en el Gobierno.

En diversas ocasiones, se nos ha indicado que el Gobierno no pensaba aprobar ni Estatutos nuevos, ni modificaciones de Estatutos, hasta que no se modificara la Ley de Colegios, cosa que por fin va a ocurrir ahora. Por todo ello, es altamente probable, que tras la discusión y aprobación por las Cortes del Proyecto le Ley (salvo que se adelanten las elecciones), se desbloqueo la aprobación de nuestros Estatutos, y los de otros muchos Colegios que también están paralizados.

Como es lógico en estos diez años, algunos aspectos de nuestros Estatutos se han quedado viejos o se han visto que eran inadecuados. Por ello, la Junta de Gobierno Estatal abrió un proceso de reforma, que ha durado un año, a través de las Juntas Rectoras de las Delegaciones, que ya ha concluido y que en el semestre de 1993 os presentaremos su aprobación o rechazo, de manera una vez aprobada la reforma de la Ley de Colegios, presentemos inmediatamente al Gobierno para su aprobación nuestros Estatutos modificados.

Dado que el Proyecto de Ley de Colegios nos afecta poco, no nos oponemos frontalmente a él si bien lamenta modo (consulta durante el mes agosto), y al enfoque negativo con que siempre se plantea el tema de los Colegios Profesionales desde el Gobierno.

Por otra parte, esta iniciativa desbloquear la aprobación de los Estatutos del Colegio, lo cual ayudaría sin duda a consolidar nuestro modelo organizativo, y a disipar tensiones y ambigüedades que se han generado por carecer de norma interna legalmente refrendada