Papeles del Psicólogo, 1982. Vol. (2).

La Junta de Gobierno

Los datos que aparecen en el artículo sobre la situación laboral de los Psicólogos, en el presente Boletín, deben favorecer una reflexión profunda en el colectivo profesional y las autoridades competentes.

La cifra más reveladora no es la de la tasa de paro, a pesar de ser muy significativa y grave, sino la que da cuenta de los psicólogos que trabajan como tales: menos del 50% de los psicólogos colegiados declaran que se dedican a la Psicología como actividad principal. Por otra parte, la cifra anterior habría que matizarla con los datos relativos al contenido del trabajo, situación contractual, horario de trabajo y remuneración salarial. Así, el porcentaje de los psicólogos que se dedican principalmente a la Psicología, el 48%, se quedaría reducido a menos del 30%, si incluyéramos únicamente a aquéllos cuyo trabajo es específicamente psicológico, tienen una situación contractual normalizada, su jornada laboral es al menos de 30 horas, y sus retribuciones son similares a las de otros titulados superiores.

De ahí que nuestra primera reivindicación es muy sencilla: que los psicólogos trabajen como tales, y pueda vivir de su trabajo. Esta reivindicación, por otra parte, no es en absoluto original, ya que se trata de dar cumplimiento a un derecho constitucional, según lo establecido en el artículo 35: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia".

Hay un 16% de psicólogos colegiados a los que les gustaría hacer efectivo ese "deber de trabajar y derecho al trabajo". Es preciso tener en cuenta que en el año 1980, la tasa deparo entre los titulados superiores era del 10,6%, y la tasa deparo de la población era del 12,6%.

Además, se trata mayoritariamente de un paro no subsidiario, de un paro de búsqueda de primer empleo, por lo que este colectivo carece de cualquier tipo de ayuda o subsidio de la Administración.

Esta constituye otra gran prioridad para el Colegio, el encontrar salidas para conseguir empleo para estos compañeros, o al menos algún tipo de ayuda o subsidio de la Administración.

Siguiendo este capítulo de quejas, sólo el 52% de los colegiados tiene Seguridad Social, habiendo un 21% que ni siquiera pertenece a alguna Sociedad Médica. La solución a este problema requiere tres tipos de medidas: conseguir la inclusión del psicólogo, que trabaje liberalmente, en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social,- legalizar las situaciones contractuales irregulares, presentando denuncias ante la Inspección de Trabajo; y por último, reivindicar que los psicólogos parados, que estén inscritos en las Oficinas de Empleo, obtengan algún tipo de prestación por parte de la Seguridad Social.

En este caso, es preciso exigir de nuevo el cumplimiento de un derecho constitucional Artículo 41: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo...".

La situación de paro y subempleo, recae principalmente sobre las últimas promociones, es decir, se trata de un problema de tránsito de la Universidad a la vida activa: el 91 % de los parados terminó sus estudios en el 78, 79 y 80.

Esto obliga a estudiar las virtualidades de la modalidad del contrato en prácticas, que permite la contratación de recién licenciados en los dos años posteriores a su licenciatura, con una serie de importantes ventajas para la empresa.

De todos modos lo más importante es movilizar a todos los colegiados y a todo tipo de fuerzas sociales, sindicales y políticas para hacer efectivo otro derecho, no de los psicólogos, sino de la población: el derecho a una asistencia psicológica entendida como Servicio Público.

En este sentido, la principal responsabilidad recae en los Ministerios de Educación y Sanidad que no hacen nada en sus ámbitos respectivos por hacer efectivo el doble derecho, e de la población a una asistencia psicológica, y el de los psicólogos a un trabajo.