Papeles del Psicólogo, 1986. Vol. (24).

CONSUELO AGUADO y EMILIANO MARTÍN.

Del S.P.M. de San Blas.

Las drogodependencias constituyen un fenómeno social de primera magnitud. Los medios de comunicación social y los comentarios cotidianos fondean con tenacidad en las causas, las circunstancias y las posibles soluciones a tan preocupante problema. Sin embargo, y sin obviar honrosas excepciones, podría afirmarse con toda contundencia que el tratamiento dado por los psicólogos en nuestro país al tema ha resultado tímido, parcial e irrelevante.

Otro tanto podría decirse de algunas otras profesiones involucradas directamente ya que, excepto médicos -más bien psiquiatras- y abogados, pocos se han aventurado a dar pequeños pasos en su abordaje.

Pero en nuestro caso cabría incluso hablar de una cierta paradoja: mientras en muchos aspectos del bienestar psicosocial los psicólogos hemos sido claros pioneros en los últimos años llegando incluso a ofrecer adecuadas respuestas a dificultades no asumidas por el conjunto de la sociedad, en este campo la propia realidad nos ha tomado la delantera cogiéndonos desprevenidos y obligándonos a improvisar y reciclarnos precipitadamente.

No obstante, la evidente disminución de la problemática y la acuciante demanda formulada desde instancias sociales y políticas se ha convertido en un indudable compromiso para nuestra profesión. Compromiso avalado empíricamente: algunos psicólogos han demostrado que pueden desempeñar un papel relevante en las distintas vertientes de intervención -prevención, tratamiento, reinserción- y esto se ha traducido en una serie de ofertas específicas que presumiblemente se incrementarán en los próximos años con un Plan Nacional de reciente aprobación que ya comienza a articularse. Estos hechos han provocado el interés de muchos compañeros que, provenientes de todas las áreas y con variadas expectativas, se aproximan desde determinadas constantes:

- La mayoría reconoce no poseer una formación adecuada, unas veces inexistente y otras por excesivamente teórica.

- Se da un evidente deseo de formación, pero se desconocen los cauces más idóneos para adquirirla.

- A priori, cuando se plantea la demanda de formación, se acostumbra a hacerla desde una perspectiva de asistencia individualizada. Muy pocas veces se realiza desde la de prevención primaria.

La formación se convierte así en una tarea apremiante que permita esclarecer a los miembros interesados de nuestro colectivo "cómo" debe trabajar un psicólogo en drogodependencias, "en qué" puede especializarse, "desde dónde" le será posible hacerlo, "hasta dónde" es viable llegar y con quiénes" en cada caso...

En los restantes artículos se esboza el tema desde variadas posiciones: tratamiento, investigación básica, reinserción social... Aquí vamos a ceñirnos a una dimensión de extrema importancia: la prevención primaria, es decir, aquel conjunto de medidas tendentes a evitar el uso abusivo de drogas.

La prevención primaria admite, a su vez, dos aproximaciones básicas: la limitación de la oferta y la reducción de la demanda. La primera engloba iniciativas de carácter jurídico y represivo fundamentalmente y se expone sucintamente en otro artículo (1). A la segunda dedicaremos las siguientes líneas mediante una somera revisión de las experiencias llevadas a cabo anteriormente, la situación de indeterminación actual y las previsiones más inmediatas.

Pero antes quizá sea oportuno situarnos en un marco referencial preciso dada la confusión reinante. Así, partimos de una concepción, de la prevención primaria de carácter educacional que encaje en un modelo psicosocial y sociocultural del individuo y del grupo. La OMS, en la Conferencia de Alma-Ata (78) la titula "Educación para la Promoción de la Salud" y la define como "una metodología educativa que tiende sobre todo a incitar al individuo a una toma de responsabilidad para lo que es su propia salud y la de la colectividad, así como a desarrollar sus aptitudes para participar de manera constructiva en la vida de la comunidad". Es decir, se enfatizan las medidas destinadas a reducir la demanda con los objetivos básicos de:

• Fomentar el autocontrol y búsqueda de alternativas de cada persona en el uso de las drogas, basada en la toma de decisiones racionales tras una información veraz y una formación adecuada.

• Adquirir hábitos sanos en relación con las drogas aumentando el nivel de conocimiento, modificando las actitudes de la población o reforzando determinados comportamientos.

No es nuestro propósito desarrollar aquí de modo concreto y operativo la naturaleza de los modelos de intervención y las medidas que conllevaría la aplicación de un posicionamiento teórico como el expuesto (2). Baste únicamente indicar que, en concordancia con la amplitud de los objetivos reseñados, admite una dilatada variedad de grupos destinatarios -colectivos homogéneos como el escolar, comunidades, población en general...-, metodologías-informativa, formativa, entrenamientos específicos en autocontrol y habilidades sociales...- alternativas para introducir cambios institucionales y de estilos de vida, etc.

Cualquier abordaje en la comprensión de este tema debe partir necesariamente de una perspectiva de interacción multicausal ya que en él están implicadas diversas variables.

Cada modelo teórico y cada disciplina esgrime, por tanto, el conjunto de medidas que considera oportunas para incidir de un modo consecuente en cada uno de los factores originantes -factores de naturaleza económica, social, psicológica, legal...-. Así, es necesario configurar un modelo preventivo de carácter multidisciplinario como obligada respuesta a una problemática como ésta de etiología multifactorial.

Sin embargo, ante una problemática de tales dimensiones no ha existido hasta ahora en nuestro país una correspondencia con las medidas arbitradas que en síntesis podrían agruparse en los siguientes bloques:

- Medidas de carácter jurídico-legal y represivo.

- Medidas asistenciales exclusivamente sanitarias.

- Otras medidas pertenecientes al nivel de prevención primaria que apuntan más bien hacia una concepción parcial y reduccionista del fenómeno, según la cual el problema queda limitado a una cuestión de sustancias y, de un modo más preciso, de sustancias ilegales o no institucionalizadas fundamentalmente.

Este posicionamiento tan erróneo como frecuente, no ha sido en absoluto gratuito y obedece a la prevalencia de un conjunto de tópicos y estereotipos dominantes en la sociedad que modulan cualquier intervención. De ahí que consideremos interesante una breve exposición; cabría citar entre los más representativos:

- La asimilación entre conceptos de relativa inocuidad y de legalidad, o dicho de otro modo, que es el grado de toxicidad, la capacidad adictiva y los efectos para la salud lo que convierte a una sustancia institucionalizada o no institucionalizada.

- La hipersensibilidad hacia las cuestiones de orden público atribuidas con evidente exceso a determinadas sustancias ilegales, en un reduccionismo simplista en el que no se valoran los factores relacionados con el uso de cada sustancia. Este es el caso de la heroína cuya inferencia más usual es la de que convierte al individuo en agresivo o violento cuando en realidad esto puede ocurrir por la carencia del producto (síndrome de abstinencia). Sin embargo, sí existen tres productos adictivos básicos, infrecuentemente valorados como tales, que sí potencian la agresividad en el ser humano: el alcohol, la cocaína y las anfetaminas.

- La sobrevaloración de la eficacia del modelo represivo al que, sin minimizar su importancia, no puede atribuírsela la resolución del problema. Un ejemplo es el evidente fracaso del modelo americano a pesar de su rigurosa aplicación.

- La utilización indiscriminado del término "droga" en lugar de "drogas" sin precisar sustancias concretas para comenzar a determinar: sus propiedades, peculiaridades histórico-culturales, pautas de consumo específicas (uso, abuso, dependencia), características de los usuarios...

- La preexistencia de un prototipo de consumidor, por supuesto joven y con atribuciones de marginalidad, cuando no de criminalidad definidas.

- La inexplicabilidad y el distanciamiento ante el fenómeno. Es decir, cuando el grupo familiar, escolar, laboral... se encuentra ante uno de sus miembros que padece esta problemática suele adoptar una actitud fatalista y de extrañamiento sin asumir en absoluto la propia implicación en la génesis y el desarrollo del conflicto. Este mismo proceso puede transferirse con distintos niveles de incidencia tanto a la Administración como a la sociedad en su conjunto.

- Todo ello ampliamente difundido y consolidado por los medios de comunicación social.

Estas son, por tanto, las premisas que deben servir de referencia para analizar las distintas iniciativas que, desde la perspectiva de la prevención primaria, se han puesto en marcha y que se han reducido a abordar aspectos parciales tanto desde los objetivos como desde las características de las medidas. Entre las más significativas se encuentran:

- Iniciativas de tipo informativo. Es uno de los métodos más usados atribuyéndosela el rango de preventivo en sí mismo. En general, se parte de una relación simplista e ingenua entre el incremento de información sobre sustancias y efectos negativos de las mismas y el fortalecimiento de las actitudes y conductas contrarias al consumo.

La información es una técnica que como tal es importante; sin embargo, es necesario resaltar que no existen métodos y técnicas válidas per se, sino que pueden adquirir su validez en el contexto de un programa; su utilización aislada quizás resulte ineficaz o negativa.

- Edición de folletos y diversas publicaciones que con demasiada frecuencia infringen las normas más elementales de prevención en drogodependencias emitidas por expertos y organismos internacionales.

Proliferación de actos puntuales y esporádicos (mesas redondas, charlas, conferencias ... ) impartidas por profesionales con titulación muy diversa y sin especialización en el tema, carentes de los mínimos requisitos imprescindibles: homogeneidad de los colectivos, evaluación pre y post intervención, determinación de objetivos concretos, cualificación de los profesionales, contenidos adecuados...

Campañas masivas faltas de soporte, planificación y cobertura técnica susceptible de provocar reacciones opuestas a las deseadas.

En estas líneas hemos realizado una sucinta revisión de los aspectos más relevantes de la situación en estos últimos años.

Actualmente, el panorama ha sufrido un giro importante determinado por la aprobación del Plan Nacional sobre drogas por el Gobierno, en junio de 1985, que constituye un punto de obligada referencia.

Antes de pasar a la revisión de la actual situación, quizás merezca la pena reseñar el curioso fenómeno acaecido en los últimos meses -coincidiendo con la gestación del Plan Nacional- caracterizado por una inflación respecto al número de iniciativas que, desde las distintas Administraciones, se han propiciado anticipándose a los acontecimientos, exentas en general del ensamblaje y coordinación deseables, incluso simultaneadas en un mismo ámbito administrativo.

La mejor descripción, por tanto, del momento presente es de impasse o indeterminación. Por una parte, siguen su curso la mayoría de las acciones iniciadas en anteriores períodos y, por otra, está en vigor el tan esperado Plan Nacional. Las perspectivas que se abren son de difícil valoración ya que se percibe una disonancia -respecto a la prevención- entre el alcance de un Plan Nacional de estas características y los enunciados teóricos que se propugnan. Menor correspondencia tienen aún los criterios básicos -marco para las actuaciones de los distintos Ministerios y Comunidades Autónomas- con las medidas prioritarias que para su consecución se proponen. Así, frente al reconocimiento de la necesidad de una reforma y mejor del sistema educativo y el desarrollo de programas para la salud y la educación integral en la escuela, las medidas a aplicar no pasan de un número limitado de cursos de formación para profesores y padres, elaboración de material didáctico... Bien es verdad, no obstante, que en algunos Ministerios se ha iniciado un proceso de reflexión tendente a buscar alternativas más estables y coherentes.

Si el análisis lo planteamos como la capacidad potencia¡ de incidir sobre cada uno de los supuestos grupos destinatarios de estas iniciativas, encontraremos dificultades de la siguiente magnitud:

- En el ámbito escolar se padece un grave déficit de recursos -tanto humanos como materiales-, crisis de los planes de estudio, organización.. Y un profesorado al que no se ha dotado ni de los recursos ni de la formación necesaria en este tema.

- En el ámbito comunitario se ha de partir de que esta conceptualización no tiene equivalencia con ninguna de las distribuciones de servicios sanitarios y sociales realizadas hasta ahora por la Administración. Tradicionalmente, se ha proyectado con un criterio sectorialista. Queda pendiente, en este sentido, una política de descentralización que impulse al máximo una red de servicios y recursos comunitarios.

- En los mensajes emitidos desde organismos públicos y medios de comunicación social sobre la población en general existe una descoordinación tal que no responde a unos mínimos exigibles.

En un futuro inmediato el reto se sitúa, por tanto, en articular los objetivos propuestos con la realidad manifiesta. La mayor dificultad radica en establecer una diferencia de planos, pasar de lo global e indeterminado a lo concreto y limitado sin mezclar análisis.

Así pues, resulta difícil pronosticar con mediana certeza los derroteros que seguirá el Plan Nacional en su aplicación, más aún en lo que a prevención primaria se refiere. Hasta la fecha existe una ausencia de criterios unánimes y firmes. Descender de los grandes enunciados -a los que muchas veces se llega solamente por exclusión- a las medidas concretas es un camino apenas iniciado en política de drogodependencias -de hecho sólo se ha realizado en cuestiones asistenciales muy puntuales como la reglamentación de la administración de metadona-. En prevención primaria no se ha alcanzado tan siquiera el necesario punto teórico de partida, quizás ni el convencimiento indispensable...

Pero partamos de las coordenadas que se nos ofrecen. Sí comienza a ser persistente desde las distintas administraciones -y el Plan Nacional así lo enuncia- la voluntad de evitar la creación de "redes paralelas" para tender hacia el aprovechamiento, racionalización y potenciación de los recursos existentes (Servicios Sociales de Base, Equipos de Salud Mental, etcétera). Sin embargo, esto no es óbice para que se creen y se proyecten crear de modo inmediato equipos y centros de carácter monográfico. Tanto unos como otros contemplan, entre una variedad de funciones, algunas relativas a prevención. De ello podría deducirse un aluvión de intervenciones con intencionalidad preventiva. Habría que añadir, por último, el conjunto de "medidas prioritarias para el bienio 85-86" del Plan Nacional. Incluye propuestas de prevención desde prácticamente todas las Comunidades Autónomas y desde los siguientes Ministerios: Educación y Ciencia, Sanidad y Consumo, Cultura y Trabajo y Seguridad Social. Sin entrar en el recuento pormenorizado, el tipo de medidas son, en síntesis:

La clave está, como venimos insistiendo, en la traducción real y práctica que se haga de estos enunciados. Si tenemos en cuenta algunos de los indicadores disponibles, puede hablarse de dos grandes direcciones: la que siguen algunos organismos que, con gran cautela, prefieren recabar datos, investigar y experimentar para después planificar, y la no menos frecuente de quienes comienzan ya a lanzar iniciativas, sólidas y fundamentadas en muy pocos casos y claramente frágiles y deficitarias en los más.

No sería temerario prever que, si en breve plazo no se ponen en marcha los mecanismos oportunos de planificación y coordinación, nos encontraremos a la vuelta de unos años con un panorama igual de atomizado, deficitario e incoherente que el descrito anteriormente sólo que, eso sí, más nutrido; lo que en prevención de drogodependencias equivale a tanto como decir potencialmente más peligroso.

Con estas previsiones del fenómeno y, desde el reconocimiento indudable que al papel del psicólogo se le atribuye en prevención primaria, cabría preguntarse: ¿qué tipo de medidas deberían arbitrarse para ofrecer adecuada respuesta desde nuestro ámbito profesional? 0 mejor aún: ¿qué nivel de contribución podría aportar nuestro colectivo en la articulación de una alternativa estructurada?

Sin pretender abordar en profundidad el cometido, sí nos parece apremiante incidir en dos sentidos:

1º Iniciación de un proceso de formación continuado desde las instancias pertinentes -docentes, científicas y profesionales-. Adquieren aquí especial relevancia instituciones como la Universidad y el Colegio Oficial de Psicólogos.

La formación básica en aspectos inherentes a la propia problemática de las drogodependencias -histórico-culturales, jurídicos, psicosociales, farmacológicos...- debe discurrir íntimamente ligada a la capacitación específica en programas de prevención primaria y en trabajo comunitario.

2.º Coordinación o intercambio de los diferentes profesionales que trabajan en el tema para posibilitar una cohesión a todas luces necesaria. Situados en esta perspectiva, se debería partir del reconocimiento del estado embrionario del campo, iniciar y/o continuar la aplicación de los diversos modelos, estrategias, métodos, etcétera, ya existentes con criterios operativos, un alcance programático limitado y el establecimiento de valoraciones adecuadas de los efectos que estos programas han llevado consigo. Sólo desde una posición similar podríamos contribuir a desvelar esa incógnita que representan la validez y la viabilidad en prevención de drogodependencias.